Finanzas Públicas Locales

MADRID. Más de la mitad de los ciudadanos de España, alrededor de veintitrés millones, ya no pagan Impuesto sobre Sucesiones en las herencias entre cónyuges, de padres a hijos o viceversa. Y es que la mayoría de las comunidades autónomas, haciendo uso de la corresponsabilidad fiscal que les otorga el actual sistema de financiación autonómica, han ido progresivamente suprimiendo la tributación de las herencias.

Según un informe elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el impuesto está prácticamente suprimido en las herencias entre estos familiares directos en Cantabria, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y como novedad este año 2008 se ha suprimido también en Canarias y Castilla-La Mancha. En otras comunidades hay importantes reducciones, como es el caso de Aragón, y son los ciudadanos del resto de autonomías, gobernadas todas ellas por el PSOE -Asturias, Galicia, Cataluña, Extremadura y Andalucía- los únicos que siguen teniendo que hacer frente a los pagos al Fisco cuando pierden a sus padres, cónyuges o hijos.

Como muestra el gráfico adjunto una misma familia, con una misma herencia, puede pagar desde 11 euros en Castilla y León, a más de 10.000 en Andalucía. Las diferencias territoriales son, por tanto, enormes.

Ante esta situación, eran muchos los que hasta hace poco tiempo auguraban que la supresión del tributo se extendería al conjunto del territorio nacional, ya que la competencia fiscal haría que los gobiernos autonómicos tomaran estas decisiones para evitar la huída de ciudadanos a los territorios colindantes, para pagar menos al Fisco.

Sin embargo, esta previsible evolución ya no está tan clara. Altos cargos tanto del Gobierno como del Partido Socialista, con el vicepresidente Pedro Solbes a la cabeza, han reiterado en los últimos meses que no son partidarios de suprimir el tributo y que debería haber un mínimo de tributación común en todo el territorio salvo, claro está, las haciendas forales del País Vasco y Navarra, donde hace años que las herencias de padres a hijos y entre cónyuges no pagan. «Por razones de equidad y justicia tiene sentido mantenerlo, aunque sea muy generoso para determinadas transmisiones», argumentaba la pasada semana el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Si esto llega a producirse, inevitablemente supondrá que aquellos ciudadanos, más de la mitad del total de los que residen en España, que ya no están obligados a pagar el Impuesto de Sucesiones, tendrán que volver a tributar por las herencias que reciban de sus familiares directos.

Exención de 60.000 euros

El programa electoral con el que el PSOE se presenta a las elecciones aboga por la simplificación y modernización del Impuesto, para lo que propone dejar exentos a todas los que reciban herencias inferiores a 60.000 euros, lo que excluirá aproximadamente al 80% de los contribuyentes actuales del tributo, según los cálculos de los socialistas. La vivienda habitual y el negocio familiar del que dependan económicamente los herederos, hasta un límite fijado por la ley, quedarán igualmente exentos, y se promoverá una rebaja de los tipos de gravamen.

El PSOE no aclara, ni el Gobierno tampoco, si estas cifras serán exenciones mínimas comunes, que después las autonomías podrán aumentar y, por tanto, no afectaría a las autonomías que ya han suprimido el impuesto, o por el contrario, esta exención de 60.000 euros será obligatoria para todas las comunidades y, por tanto, supondría un aumento del tributo para muchos ciudadanos que ahora están exentos.

«Se negociará en el marco de la reforma de la financiación autómica», aseguran fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los populares, por su parte, que ya han suprimido el tributo en las autonomías en las que gobiernan, aseguran en su programa electoral que «impulsarán la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones».

Francisco González Carrera, socio de Ernst & Young Abogados, explicó a ABC que el Impuesto de Sucesiones en España se ha convertido en una ruleta rusa. La norma cambia cada año y del 31 de diciembre de un ejercicio al 1 de enero del siguiente, la diferencia en el pago del tributo puede ser de cero a cien. Y lo mismo ocurre con dar un paso y cambiar el domicilio de una comunidad a otra.

Ante esta situación lo lógico sería la abolición el tributo pero, González Carreras cree más probable que se vuelva a instalar un mínimo en todas las comunidades para que éstas obtengan recursos. El gasto público hay que pagarlo y la pérdida de recaudación que están teniendo las comunidades por el parón inmobiliario tendrán que compensarla, a su juicio, con otros impuestos. Si esto llegara a ocurrir, en opinión del socio de Ernst & Young Abogados, se produciría un problema de falta de legitimación aún mayor que el que ya existe, y desde luego fomentaría el fraude fiscal.